Difícil se me hace asumir que el sentido común, como el común de los sentidos, se haya impuesto a la sinrazón de una sentencia supuestamente “ejemplarizante”, como la que proponía la fiscalía en el cafkiano caso del hombre que formaba parte de un piquete informativo, en una huelga general, y que, al parecer, tomó parte de una pequeña trifurca en un establecimiento de bebidas y que, además de pagar multas correspondientes a la nueva ley mordaza, tuvo una condena de tres años y un día. Una auténtica desmesura abusiva.
A los jueces de la Audiencia de Granada les ha costado, pero finalmente han hecho lo que tenían que hacer. Un trabajo de película; galoparon sin descanso hasta el desfiladero donde se agazapaban los malos, los liquidaron y liberaron al piquetero, que tendrá que esperar a la resolución del indulto gubernamental.
Esta vez el fiscal del caso también se parecía a esos odiosos y esquinados funcionarios del Ministerio Público de las películas de juicios que atacan sin piedad a un procesado que es buenísimo y todo el mundo, menos el maldito fiscal, lo sabe. Ese mismo fiscal tal vez esté ahora rumiando su descontento ante lo que solo puede calificarse de excarcelación ejemplar. Al caso, recuerdo a una fiscal que mantuvo empecinadamente a unos amigos de nuestro barrio durante dieciocho meses para que después los jueces los declararan libres de toda acusación y saliera corriendo literalmente por toda explicación.
Casi al mismo tiempo, el Tribunal supremo confirmaba la sentencia contra Carlos Fabra de cuatro, sí, cuatro años, solo uno más que al piquetero Carlos Cano, tras diez años de proceso, con nueve jueces y cuatro fiscales al retortero por delitos de malversación y despilfarro de caudales públicos, estafa a la Hacienda, cohecho, y toda una retahíla de delitos graves.
Hoy mismo el Supremo da un varapalo a la Audiencia Nacional sobre la Justicia Universal que con arreglo a los cambios propuestos por el Gobierno han excarcelado a decenas de narcotraficantes a los que hay que volver a detener.
Poco antes se hizo factible la entrada en la cárcel de un exministro de Aznar y presidente de la Comunidad de Baleares, Jaime Matas (no se le indulta como pretendía) por los mismos delitos económicos, y la justicia europea declara injustificación jurídica en los desahucios de españoles por mala práctica de la ley. La justicia parece haberse vuelto loca, de lo que me alegro. Esperemos que siga la racha y podamos congraciarnos con la institución de los jueces.